Chilpancingo, Gro., 31 de octubre de 2024.- El Congreso del Estado de Guerrero aprobó este jueves la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Política federal.

En el dictamen emitido por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos y fundamentado desde tribuna por su presidenta, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, se señala que realizar reformas a la Constitución es propio de las democracias representativas y corresponde al Poder Reformador Constitucional, establecido en el artículo 135 del Pacto Federal, evitar la inmovilidad jurídica, favoreciendo los cambios que la realidad exige como necesarios.

Agregó que, en caso de que esto no ocurriera, la Carta Magna estaría condenada a perder su sentido como documento rector de la nación, al dejar que órganos secundarios establezcan cambios normativos basados en interpretaciones en desuso, o estableciendo barreras para la vigencia de aquellas modificaciones que provienen del propio proceso instituido por el Poder Constituyente.

“Las razones anteriores se suman a la consideración propia y característica de un estado social y democrático de derecho, de que ninguno de los poderes constituidos puede alterar los términos establecidos en la Constitución, que es la ley suprema que delinea los contornos del Pacto Federal”, indicó.

En ese sentido, aseguró que esta reforma constitucional refuerza la idea del texto original del Poder Constituyente, para evitar que los poderes constituidos puedan revisar el contenido de las reformas constitucionales que emanan del procedimiento que fue propuesto en la Carta Magna, por dudosas interpretaciones que difieren el propósito de dotar un mecanismo de inmunidad cuando proviene del Poder Constitucional Reformador.

Fijó su postura en contra de la reforma la diputada María Irene Montiel Servín (PAN), considerando que representa un retroceso que limitará la posibilidad de que las personas puedan defender sus derechos ante cualquier cambio constitucional que les afecte.

De Movimiento Ciudadano razonó en contra el diputado Julián López Galeana, indicando que eliminar los mecanismos de controversia a disposiciones que atenten contra los derechos humanos ahondará la brecha de disparidad de los derechos reconocidos, al quitar a las personas la facultad de defenderse contra los abusos del poder y la maquinaria del Estado.

En su oportunidad, el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez (PRD) manifestó su rechazo enérgico a las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, por considerar que podría resultar en un aumento de la arbitrariedad en las decisiones judiciales, dejando a la ciudadanía expuesta y vulnerable a los abusos de poder.

De la misma forma, la diputada María del Pilar Vadillo Ruiz (PRI) indicó que estas reformas buscan prohibir la impugnación de las reformas constitucionales por medio de amparos, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, lo que contradice el principio de control constitucional que permite revisar la validez de los actos del Poder Reformador, especialmente cuando se trata de posibles violaciones al proceso legislativo o a los derechos humanos.

A favor se manifestó el diputado Édgar Ventura de la Cruz (PT), señalando que las reformas tienen como propósito blindar a favor del pueblo mexicano todas las reformas constitucionales que realice el Constituyente Permanente, que fue electo por la mayoría de las y los mexicanos.

Por su parte, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México, diputado Alejandro Carabias Icaza, coincidió en que el objetivo de la reforma es dar certeza y seguridad jurídica al proceso de reforma constitucional, estableciendo con claridad y sin lugar a dudas que, contra una reforma constitucional debidamente aprobada, no procederán ni el juicio de amparo ni la controversia constitucional.

Además, consideró que con esta reforma se busca proteger la soberanía del pueblo y su capacidad de reformar la Constitución a través de sus representantes legítimos.

Por último, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena razonó a favor el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien aseguró que con estas reformas se busca proteger la voluntad del pueblo de México, contra un pequeño grupo obstinado en obstaculizar la voluntad mayoritaria de las y los mexicanos.

Agregó que esta fue una decisión del pueblo de México y no de una pequeña cúpula, como ocurrió en años anteriores, donde los mexicanos sufrieron reformas impuestas con métodos antidemocráticos.